El Ministerio de Hacienda ha decidido posponer un año la obligación de implementar Verifactu, el sistema de facturación verificable impulsado por Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Con esta medida, se retrasa la obligatoriedad para empresas y autónomos desde el 2026 hasta 2027.
Inicialmente, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades debían adaptar sus sistemas de facturación para el 1 de enero de 2026, y los autónomos y pymes tenían como límite el 1 de julio de 2026. Con el nuevo calendario, esas fechas se trasladan al 1 de enero de 2027 y al 1 de julio de 2027, respectivamente.
El sistema Verifactu —regulado por el Real Decreto 1007/2023— exige que los programas de facturación garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros emitidos, y contempla la opción de enviar automáticamente esos datos a la AEAT en el momento de la emisión. Su objetivo es combatir el fraude fiscal y mejorar la transparencia en la facturación.
La decisión del aplazamiento responde, según fuentes gubernamentales, a las numerosas quejas de autónomos, pymes y asesorías —muchas de ellas representadas en asociaciones profesionales— que consideraban excesiva la carga administrativa en los plazos inicialmente previstos.
Representantes del sector han valorado el retraso con alivio. Para muchos —especialmente pequeños negocios y profesionales independientes— este aplazamiento les brinda un margen adicional para adaptar sus sistemas, formarse y planificar la transición sin urgencias.
Para quienes ya estaban trabajando en la adaptación —como asesorías, empresas de software, y negocios medianos— esto supone una oportunidad para ajustar procesos internos, testear sistemas y evitar errores operativos. Otros, en cambio, mantienen la recomendación de aprovechar este tiempo para prepararse con calma, pues la obligación volverá a ser exigible en 2027.
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